La violencia de género, en especial contra la mujer, es un tema recurrente en disímiles espacios y sobre el cual se ha hablado mucho acerca de las causas que llevan a su aparición, los tipos de intimidación más comunes, los efectos que provoca en la sociedad y en su seno, la familia.
Igualmente, se ha hablado de los mitos y realidades alrededor de este fenómeno y las maneras para escapar de esa peligrosa espiral.
Sin embargo, en lo referente al marco legal que envuelve el tema aún existen vacíos.
En ocasiones, las medidas legales adoptadas para tratar este tipo de problemática no están en correspondencia con la peligrosidad que tienen para las familias los casos de violencia.
En Cuba, a pesar del tratamiento especial dado al asunto, todavía se carece de un mecanismo judicial y administrativo capaz de proteger a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.
Una de las dificultades que enfrenta el país en estos momentos, de acuerdo con lo expresado por la especialista de la FMC, Teresa Hernández Morejón, consiste en que “no siempre se logra que los organismos que tienen una incidencia directa en el fenómeno atiendan los casos con el enfoque que los mismos requieren, lo que ha propiciado que no siempre las personas afectadas reciban el tratamiento adecuado”.
Anotaciones básicas sobre el tema
En la primera ley del país, la Constitución de la República de Cuba, se estipula “la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges” como principio del respeto que debe existir entre ambos miembros de la pareja.
Del mismo modo, cualquier tipo de discriminación “lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley”, lo que refuerza el principio de igualdad de todos los seres humanos defendido por el Estado cubano.
En la Carta Magna también está promulgado, en el artículo 44, que “la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar. El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hombre, a fin de lograr su plena participación en el desarrollo del país”.
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